Dos días después de la confesión de Luiz Eduardo Soares en Curitiba, Brasil, actuaron en Lima los fiscales. En un operativo simultáneo que empezó temprano en la mañana, varios equipos de fiscales y policías se distribuyeron en siete direcciones dentro de la ciudad.
¿El objetivo? Arrestar a Gonzalo Monteverde, María Isabel Carmona y otros integrantes de la organización cuyo papel dentro del departamento de coimas de Odebrecht fue confesado en detalle por Soares, uno de los más importantes ex ejecutivos del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
A las 7:30 am los fiscales, dirigidos por José Domingo Pérez, llegaron al domicilio de Monteverde y Carmona Bernasconi, en el 229 de la avenida Lima Polo, en Surco. Encontraron documentos, pero no a los dueños de casa.
La orden judicial de allanamiento cubría otras seis direcciones. En dos de ellas fueron detenidos Marcionila Cardoso y Carlos Ángeles. Pero otro importante miembro de la organización: Jorge Salinas Coaguila, tampoco fue ubicado.
¿Dónde podían estar? Alguien recordó entonces que Monteverde y Carmona eran vecinos del balneario Santa María. Poco después un grupo de fiscales llegó al condominio en Santa María donde, según les indicaron, viven Carmona y Monteverde. Según testigos presentes, pese a que había signos de que el condominio estaba habitado, nadie respondió a los timbres desde la puerta. Y como el domicilio no estaba comprendido dentro de la orden judicial de allanamiento y descerraje, no se pudo entrar. Los fiscales dejaron vigilancia en el lugar y regresaron a Lima a tratar de lograr una ampliación de la orden para incluir también la dirección de Santa María. Hasta el momento de redactar esta nota, la orden no había sido conseguida. ¿Alguien dijo Sábado?
La “Orden de detención judicial preliminar y allanamiento”, suscrita este viernes 22 por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho (y la especialista Kinkely Rocío Dionicio Ruiz), del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios) es un documento incluso más largo que el nombre del Juzgado. Tiene 45 páginas que resumen tanto los hechos investigados como el ordenamiento legal aplicable al caso.
Los cargos contra Gonzalo Monteverde se resumen así:
La Orden Judicial también describe las transacciones realizadas por las empresas de Monteverde y Carmona entre 2008 y 2015 en el siguiente resumen:
Luego de cubrir el tema en detalle y de analizar la normativa aplicable, la jueza Álvarez no concedió los 15 días de detención preliminar que pidió el fiscal Pérez Gómez, sino 10; estableció un tiempo máximo de allanamiento (48 horas) y recomendó a los fiscales “emplear el tiempo estrictamente razonable para cumplir la finalidad perseguida […] bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.
Como se ve, la orden judicial estuvo bien pensada y redactada. Hacerlo tomó un tiempo y los fiscales solo estuvieron en condiciones de actuar el sábado 23.
En los allanamientos encontraron documentos interesantes, quizá valiosos, y efectuaron un par de arrestos, pero no lograron detener ni siquiera ubicar a Monteverde, Carmona o Salinas Coaguila. A estas alturas, no es descabellado asumir la posibilidad de que ya se encuentren como prófugos.
Ya lo vimos hace pocos meses. A veces, la gente confiesa con los pies.
A continuación, la compilación en secuencia ordenada del caso, a través de las investigaciones que IDL-Reporteros inició en 2016 y avanzó sustantivamente desde entonces.
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