El 20 de febrero pasado, el partido fujimorista Fuerza Popular presentó una denuncia penal en contra mía, Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros; y a la vez contra los exfiscales de la nación, Pablo Sánchez y, Zoraida Ávalos; el fiscal superior Rafael Vela; el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez; el expresidente de la República, Martín Vizcarra; el exasesor de la fiscalía de la Nación, Alejandro Silva; contra el Instituto de Defensa Legal (IDL); y, sorpresa, sorpresa, también contra el notorio exasesor, Jaime Villanueva.
Son muchos nombres, (varios de relleno) con un solo objetivo: Destruir la investigación del caso Lava Jato y, en lo inmediato, demoler el de las contribuciones ilegales de campaña para Keiko Fujimori, cuyo juicio, precedido por una impresionante acumulación de pruebas, debe comenzar en julio.
Por eso, la demanda comprende al director de IDL-Reporteros, la publicación de periodismo de investigación que lideró la investigación del caso Lava Jato; y a los dos fiscales del Equipo Especial que tuvieron un papel crucial en la investigación fiscal, uno (Vela) como coordinador del equipo, y el otro (Pérez Gómez) como el fiscal a cargo de la investigación y, luego, de la acusación.
La denuncia penal fue presentada, como se ha dicho, el 20 de febrero, pero la precedieron, en realidad, acciones de amenaza y hostigamiento que empezaron ocho años atrás, en mayo de 2017.
Esta historia y otras estrechamente relacionadas, como la investigación del caso Alan García, son ramificaciones de un tronco en común: el megacaso de corrupción Lava Jato, sobre el que IDL-Reporteros desarrolló una intensa cobertura investigativa, iniciada desde 2011, tres años antes del comienzo del caso Lava Jato en Brasil.
El nombre de Keiko Fujimori, en el contexto de la investigación Lava Jato, se pronunció por primera vez el 15 de mayo de 2017. Fue la primera diligencia binacional, bajo el sistema de delación premiada, de la fiscalía peruana con la procuraduría brasileña, en Curitiba. Su objetivo fue interrogar a Marcelo Odebrecht sobre los aportes no declarados realizados por su corporación a Ollanta Humala, en especial para su campaña presidencial en 2011.
Firmado el compromiso de “inmunidad legal sin fisuras” (como describió entonces IDL-R) por el que los fiscales peruanos se comprometían a no utilizar la información contra el declarante, Marcelo Odebrecht testificó sobre el tema y, encontrando la elocuencia que meses de cárcel y de prolongada resistencia (recientemente quebrada) a reconocer cualquier culpa, habían silenciado, soltó otras revelaciones.
Ante los fiscales peruanos Rafael Vela y Germán Juárez Atoche; el entonces jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, Alonso Peña Cabrera; con la asistencia, como oyentes, de los abogados de Humala: Julio César Espinoza y Wilfredo Pedraza; y con el procurador Orlando Martello, del Ministerio Público Federal brasileño, como director de debates, se inició el primer interrogatorio en el que el jefe de la corporación que había abierto nuevos caminos en los métodos y dimensiones de la corrupción corporativa como estrategia central de negocios, empezaba a revelar, aunque en forma todavía tentativa e imprecisa, secretos de la cutra.
Marcelo Odebrecht reconoció haber ordenado el aporte de 3 millones de dólares para Ollanta Humala, por pedido expreso del “exministro Antonio Palocci, en representación de Lula, de ‘colaborar con la campaña de Ollanta Humala’ a mediados del 2010. Odebrecht lo interpretó como una colaboración ‘ideológica’”.

A continuación, Marcelo Odebrecht añadió información inesperada. Dijo que: “… la política de su empresa ha sido la de apoyar en las elecciones a todos los partidos [con alguna posibilidad, se entiende] y que se había apoyado a Keiko Fujimori y a la candidata aprista [Mercedes Aráoz]. Otra fuente recuerda que Odebrecht dijo que ese apoyo a varios partidos “le parecía lógico” y mencionó al partido aprista y la candidatura de Keiko Fujimori”.
Nada de eso último figuró en los primeros reportes sobre la declaración de Marcelo Odebrecht. Cuatro días después, sin embargo, el 19 de mayo, IDL-R publicó “Interrogatorio en Curitiba”, donde informó lo declarado con las citas entrecomilladas en el párrafo previo.
Keiko Fujimori negó, a través del Twitter, haber recibido aporte alguno de Odebrecht.
“Yo no conozco al Sr. Marcelo Odebrecht y no he recibido suma de dinero de empresa brasilera [sic] alguna”, escribió Keiko Fujimori. “Fuerza Popular tampoco ha recibido financiamiento de empresas brasileras [sic]. ¡Que quede bien claro!”, añadió en otro tuit.
Ese mismo día, por la tarde, 19 de mayo, la Fiscalía de la Nación desmintió a IDL-Reporteros. Lo hizo a través del siguiente comunicado.

El fiscal de la nación era Pablo Sánchez. Su jefa de informaciones era Janett Talavera. El comunicado se publicó con la autorización expresa de Pablo Sánchez.
El desmentido tuvo un efecto de explosiva satisfacción y agresivos contraataques desde el fujimorismo. Empezaron, la mañana del día siguiente, con el notorio Héctor Becerril festejando el desmentido de la fiscalía.

Poco después, se estrenó el hashtag con el que el fujimorismo (y sus aliados alanistas) intentaron desacreditar a IDL-Reporteros y a su director.
Como lo hizo, por ejemplo, Jorge del Castillo, el 21 de mayo:

La contracampaña continuó, intentando convertir el hashtag en un alias del director de IDL-R, como este del también notorio José Chlimper, exsecretario general de Fuerza Popular:

Hay que recordar que entonces el fujimorismo tenía una presencia dominante y amenazadora en el gobierno peruano. Sintiéndose despojados de una presidencia que juzgaban segura en 2016, por la victoria inesperada de Kuczynski, se habían lanzado, gracias a su mayoría en el Congreso a una campaña de agresivo socavamiento del gobierno de PPK.
Las respuestas pasivas y mansurronas de PPK, no morigeraron, como este esperaba, la agresividad del fujimorismo sino, por lo contrario, la acrecentaron. Esa posición dominante y agresiva era particularmente intimidante dentro del Estado (y fuera de él también), e inhibía a muchos a hacer cualquier cosa que pudiera desagradar a Keiko Fujimori y movilizar en su contra a la insolente y mayoritaria fuerza de ataque fujimorista en el Congreso.
Alguna de esas razones puede haber motivado el desmentido de la Fiscalía (autorizado, repito, por Pablo Sánchez). Porque el desmentido fue falso y porque mintió a sabiendas de lo que por lo menos tres fiscales habían escuchado ese día: la afirmación de Marcelo Odebrecht de haber contribuido también con las campañas del Apra y la de Keiko Fujimori.
Luego del desmentido de la Fiscalía y mientras los fujimoristas y sus contados aliados alanistas se esforzaban por viralizar el hashtag #MientoComoGorriti, IDL-Reporteros se ratificó plenamente en su versión de los hechos e indicó que en breve la probaría.
Lo hizo pocas semanas después.
En “La Nota Misteriosa”, publicada en IDL-R el 23 de junio de 2017, esta publicación ratificó por entero lo publicado y añadió lo siguiente:“Ahora, la Red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Estructurado, a la que pertenece IDL-Reporteros, presenta una nota hasta hoy desconocida de Marcelo Odebrecht que no solo explica su recuerdo sino añade algunas intrigantes preguntas a la investigación del caso Lava Jato”. La nota, puntualizó IDL-R, era “… desconocida hasta hoy. […] No se necesita hablar portugués para entenderla”.

IDL-R informó que había preguntado a Keiko Fujimori “sobre esa nota a través de uno de sus funcionarios de prensa y comunicación. Su respuesta, en tercera persona, fue transmitida a través del encargado de comunicaciones de Fuerza Popular, Víctor Medina: «La señora Fujimori no conoce al señor Marcelo Odebrecht y jamás ha conversado con él. Nunca se ha recibido nada de dicha empresa»”.
Esa última afirmación habría de ser ampliamente desmentida en los siguientes meses. Pero entonces la posición del fujimorismo era la de arrogantes y amenazadoras negaciones.
La Fiscalía de la Nación, desmentida en su desmentido, se apresuró en sacar un comunicado indicando que la nota de Marcelo Odebrecht no figuraba en sus archivos y que iban a contactar a sus pares brasileños sobre el tema.
¡Por supuesto que no la tenían! IDL-R, como se ha dicho, había conseguido la nota a través de fuentes de la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, totalmente al margen de la Fiscalía. Pero que no la tuvieran en nada excusaba, sino agravaba, que hubieran mentido, como lo hicieron, al afirmar que IDL-R había faltado a la verdad. El interrogatorio de mayo fue escuchado por tres fiscales, ninguno de los cuales ignoró lo que se había dicho en la diligencia.
Ahí no terminó el asunto. El 20 de julio de 2017, IDL-R publicó una nota editorial sobre las mentiras de la fiscalía de la Nación con relación a las menciones a Keiko Fujimori y el Apra que Marcelo Odebrecht había hecho en su declaración en Curitiba.
La nota, “Confesión y Sabotaje”, empezó mencionando la declaración, en conferencia de prensa, que dio Pablo Sánchez, en la que intentó justificar la omisión de haber mencionado a Keiko Fujimori y al Apra, pese a que Marcelo Odebrecht se había referido “con inequívoca claridad a ambos”.

Después de citar la justificación de Sánchez, de que: “la diligencia [en Curitiba] fue expresamente para un tema determinado”, el entonces fiscal de la nación añadió que “solo se podía preguntar por ese tema, porque no había otro tema en la petición […] No hay interés en proteger a alguien, ni a ninguna persona”.
“Eso es falso”, respondió IDL-Reporteros, describiendo cómo el procurador Martello instó a Marcelo Odebrecht a responder una pregunta reiterativa sobre el apoyo de Odebrecht a otras candidaturas, aparte de la de Humala. La versión oficial de la declaración completa fue íntegramente publicada por IDL-R.
El fiscal Juárez Atoche había intentado también justificar la omisión. El 4 de julio, “… en una conferencia de prensa, Juárez Atoche dijo que ‘no podía salirme de ese marco porque las preguntas estaban preestablecidas en un pliego interrogatorio’.

Es verdad, respondió IDL-R, “¡pero Marcelo Odebrecht respondió mucho más de lo que pedía ese pliego y nombró a Ollanta, a Keiko y al Apra! ¿Juárez Atoche se tapó los oídos? Peor que eso. Él y sus acompañantes hicieron lo posible por tapar la vista de los peruanos”.
Luego, informó la nota, “el 7 de julio, tres días después de indicar que Barata debería explicar lo que declaró Marcelo Odebrecht, el fiscal Juárez Atoche firmó una resolución para ‘desistir de la solicitud de cooperación internacional judicial para recabar la declaración [de][…] Jorge Barata’”.
Eso tenía visos de encubrimiento y puso a IDL-Reporteros en abierta e inevitable confrontación con la fiscalía, empezando por el entonces fiscal de la nación, Pablo Sánchez.
¿Así que Gustavo Gorriti controlaba a Pablo Sánchez y se paseaba por la Fiscalía “como Pedro por su casa”, como afirma la curaca blanca del lumpenperiodismo desde las sentinas de desinformación de Willax?
El 14 de agosto de 2017, IDL-R publicó otro reportaje sobre el tema: “Este es el documento”, que describió la explicación que hizo el propio Marcelo Odebrecht, en un interrogatorio como parte de su delación premiada, sobre la nota en su celular.
Como citó esa nota, Marcelo Odebrecht informó que “Nuestros ejecutivos en cada país mantenían relaciones próximas con los agentes públicos locales, y yo tenía conocimiento pero sin relación directa de que había pagos indebidos en el exterior, inclusive por medios de Caixa 2, por nuestros ejecutivos que estaban allí, con el pretexto de contribuciones electorales o no (…)”.
Como parte de la corroboración de su relato, Marcelo Odebrecht entregó, entre otros documentos electrónicos, las notas tomadas desde su celular, que IDL-R reprodujo completas.
Lo importante, sin embargo, fue su explicación sobre “Aumentar Keiko para 500…”. De acuerdo con su declaración, Jorge Barata habría expresado fuertes reservas respecto de entregar tres millones de dólares a un candidato, Humala, que era visto entonces como un radical de izquierda, sin que hubiera ninguna contribución comparable para la candidatura de Keiko Fujimori, que era intensamente favorecida por los sectores empresariales. El desequilibrio en las contribuciones, habría añadido Barata, podría –de conocerse– dar lugar a represalias de Keiko Fujimori en caso ella llegara a ganar, como muchos suponían, las elecciones presidenciales.

Marcelo Odebrecht respondió a las inquietudes de Barata recordando que, “… En aquella época hasta le sugerí [a Jorge Barata, entonces superintendente de Odebrecht en el Perú], mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso, en esa época, él creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori, y le dije: mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella más. Incluso, hice una anotación, en aquella época, mira apoya a Keiko más si piensas que hay peligro de represalias, pero tengo que hacerlo [la contribución a Humala, nota de IDL-R] porque es un pedido del gobierno brasileño”.
Pese a la evidencia abrumadora, los fujimoristas persistieron en tratar de desacreditar la información, pero los hechos los habían dejado sin aire en las alas.
A esas alturas, otros medios, entre los cuales el diario El Comercio [el de entonces, no el de ahora], empezaron a cubrir el tema. El 10 de noviembre de 2017, El Comercio publicó la nota: “Marcelo Odebrecht dice que financió campaña de Keiko Fujimori del 2011”, firmada por Graciela Villasís. El subtítulo de la información precisaba que: “Ex CEO de la constructora brasileña Odebrecht también reveló a fiscales peruanos que las siglas “AG” se refieren al expresidente Alan García”.
La nota de Villasís era puramente informativa sobre la diligencia que había tenido lugar en Curitiba entre los fiscales peruanos y Marcelo Odebrecht, bajo la dirección del procurador federal brasileño Orlando Martello.
Sin embargo, la reacción de Keiko Fujimori fue una de amenazante furia.
En un vídeo de Facebook, propalado el mismo día de la publicación de El Comercio, Keiko Fujimori afirmó que la información del diario era una “grosera mentira” y que sus abogados que habían asistido a la audiencia le habían informado que era falso lo publicado. Fujimori acusó entonces a El Comercio de distorsionar la información para no perjudicar a los Graña, seriamente comprometidos a través de su compañía, la constructora Graña y Montero, con el caso Lava Jato. Afirmando que su lucha era “contra la corrupción” y de la verdad contra la mentira, Fujimori anunció que iba a iniciar acciones penales contra El Comercio, “por difamación”.
El Comercio [el de entonces, no el de ahora] contestó el día siguiente con un editorial que se ratificó en lo publicado, y replicó a la vez que nunca habían dejado de informar sobre el involucramiento de Graña en el caso Lava Jato.
En cuanto a la afirmación de Keiko Fujimori de estar enfrentada a grupos de poder, el editorial de El Comercio respondió que:
“ … resulta un tanto paradójico que la ex candidata presidencial hable de “grupos de poder”, cuando su bancada no solo constituye la mayoría absoluta del Poder Legislativo, sino que viene usando la fuerza que ello supone de una manera a menudo reminiscente de tiempos pasados que, hasta donde se sabía, todos queríamos dejar atrás. La última de esas exhibiciones ha consistido en el intento de avasallar al fiscal de la Nación, para dictarle cómo debe hacer su trabajo, llevándolo con una denuncia constitucional a una comisión del Congreso que Fuerza Popular maneja”.
Viendo el episodio en perspectiva, parece que Keiko Fujimori (así como la bancada fujimorista) actuaron ese día bajo la impresión errónea –aparentemente originada en su abogado defensor, Edward García Navarro, que estuvo presente en la audiencia– de que el testimonio de Marcelo Odebrecht fue diferente y hasta opuesto a lo reportado. Quizá alucinó, quizá entendió mal, pero lo que dijo Marcelo Odebrecht correspondió a lo reportado, tanto en la información inicial de IDL-Reporteros como la que luego publicó Graciela Villasís en El Comercio.

Pese a ello, el abogado García Navarro envió el 10 de noviembre una carta notarial al entonces director periodístico de El Comercio, Fernando Berckemeyer, exigiendo una rectificación “de la falsa información que se difundió sosteniendo que Marcelo Odebrecht afirmó que financió la campaña de la señora Keiko Fujimori Higuchi o que dicha persona sostuviese que le entregó 500 mil dólares a la señora Keiko Fujimori Higuchi”.
El Comercio contestó que no podían rectificar la supuesta información de que Odebrecht le entregó “500 mil dólares a la señora Keiko Fujimori Higuchi”, puesto que no la habían hecho. El diario, en cambio, se ratificó en cuanto a la afirmación de Marcelo Odebrecht, de que “financió la campaña de Keiko”.
Cuatro años después, sin embargo, frente a otro proceso electoral, el de 2021, la dura e intimidante Keiko Fujimori, de los años precedentes, intentó retornar a la imagen de la Keiko gentil, tolerante y democrática de las campañas electorales.

En una entrevista televisiva con Jaime Bayly, el 9 de mayo de 2021, poco antes de la segunda vuelta de la elección presidencial, Keiko Fujimori afirmó que “de mí, durante años, se ha dicho de todo. Tengo cientos de portadas en contra, difamatorias; pero jamás, Jaime, he presentado una denuncia o una queja, yo prefiero que me difamen, para mantener la libertad de prensa y de expresión. Se lo dije al Premio Nobel, al señor Mario Vargas Llosa, pero además uno puede ver mi trayectoria a lo largo de estos años”.
Eso sí. Uno puede ver su trayectoria. Acabamos de examinar una parte de ella.
En julio de 2023, en un evento de Fuerza Popular, Keiko Fujimori reiteró que: “Yo nunca voy a denunciar a los periodistas ni a la prensa. Creo absolutamente en la libertad de expresión y de la prensa, con sus excesos y con sus arbitrariedades”.
Leyeron bien: “nunca voy a denunciar a los periodistas ni a la prensa”.
Los hechos dicen lo contrario. Desde 2017, el fujimorismo desató una larga y sostenida campaña de ataques de toda laya contra el periodismo de investigación de IDL-Reporteros sobre el caso Lava Jato. Todo lo que IDL-R reveló fueron hechos comprobados, que otras investigaciones fiscales luego profundizaron y revelaron en su impresionante dimensión.
La guerra sucia, de mentiras y desinformación, ha sido una guerra contra la verdad de los hechos, contra el periodismo de investigación, iniciada desde el poder, como hemos visto y conducida con cinismo y prepotencia, a la que luego se unieron varios otros miembros de la cleptocracia nacional, incluida gente que se proclama de izquierda, como el fugitivo parrandero, Vladimir Cerrón.
Esa gente y esas fuerzas son las que han llevado a cabo la masiva campaña de desinformación y de goebbelsiana guerra psicológica, que ha desembocado hace poco en la denuncia penal presentada por Fuerza Popular, el partido de quien nunca iba “a denunciar a los periodistas ni a la prensa”, el 20 de febrero.
Palabra de Fujimori, en plena acción.