El 19 de mayo de este año, el fiscal Elmer Chirre Castillo y su adjunta Susana Trelles Ponce tomaron la declaración de un nuevo colaborador eficaz envuelto en la trama de corrupción de Patricia Benavides.
La delación se dio en el marco de la investigación contra Benavides y otros altos funcionarios a cargo –hasta hace unos días– de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela.
El colaborador, identificado con la clave CE-01-2024-FSECDCFP, reveló hechos nuevos y detalló algunos otros conocidos (aunque apenas investigados).
La narración relata y destaca el papel del exfiscal Marco Huamán Muñoz en los manejos irregulares de Benavides dentro y fuera del Ministerio Público.
Huamán, cuya plaza original era la de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción, fue designado por Benavides como fiscal adjunto supremo adscrito a la Fiscalía de la Nación el 2 de julio de 2022.
¿Cómo llegó a esa posición? El delator cuenta que fue convocado por Benavides a una reunión en días previos a su juramentación como fiscal de la nación.
En la segunda reunión, llevada a cabo dos días después, Benavides definió los roles que cada asistente asumiría en la futura gestión:
El colaborador también informó sobre el grado de cercanía que ya por entonces existía entre Benavides y sus futuros asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao:
Índice
Enlace con Boluarte
Remoción de Bersabeth Revilla
Congreso
Juez Checkley
Morales Saravia
Enlace con Boluarte
Una muestra de este vínculo es el presunto rol de enlace que Villanueva ejerció entre Benavides y la presidenta Dina Boluarte Zegarra. Según el colaborador, este acuerdo se selló el mismo día de la detención del expresidente Pedro Castillo.
El 7 de diciembre de 2022, por la noche, Benavides realizó una diligencia en Palacio de Gobierno acompañada del fiscal Marco Huamán y sus asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao. Entonces, conforme al mismo relato, Benavides le comunicó a Boluarte que Villanueva era “su persona de confianza y que sería el encargado de mantener contacto o enlace con la presidenta de la república o la persona que ella nombrara”.
“En varias oportunidades la doctora Benavides pedía a Jaime Villanueva contactarse con la presidenta de la república para alguna coordinación que necesitaban hacer”, indicó el colaborador. La confianza de Benavides en su asesor era tal que, según la misma fuente, Villanueva representó a la exfiscal de la nación en reuniones protocolares en las embajadas de China e Italia.
Remoción de Bersabeth Revilla
El colaborador también confirmó la estrategia de Benavides para retirar de su puesto a la fiscal Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides, por el supuesto cobro de coimas a narcotraficantes que lograron su libertad.
Según el mismo relato, el tema se trató en una reunión privada, a inicios de la gestión de Benavides. En presencia de Huamán y los asesores Villanueva y Girao, la exfiscal de la nación habría ordenado a estos dos últimos que “coordinaran con el gerente de productividad Abel Cartolín para que adecuara los índices de productividad de la doctora Bersabeth Revilla” y así tener el pretexto para removerla de su puesto.
La manipulación de dicho informe fue revelada por IDL-R en agosto de 2022 y confirmada por Jaime Villanueva como parte de su proceso de colaboración eficaz en diciembre de 2023.
Congreso
El delator también apunta a Villanueva como el enlace entre Benavides y el Congreso de la República, y subraya la estrecha relación entre ‘el filósofo’ y dos notorias congresistas.
Sobre Patricia Chirinos, sobre quien pesa una denuncia constitucional por cohecho y peculado por hechos vinculados a la gestión de Benavides, el colaborador señala que frecuentemente “desayunaba o almorzaba con Jaime Villanueva, se tenían mucha confianza”.
Mientras que en el caso de la fujimorista Martha Moyano, el colaborador dice haber escuchado que se reunía frecuentemente con Villanueva y que, en una oportunidad, “Huamán la vio ingresando al piso 9 de la fiscalía de la nación”, en referencia al lugar donde está el despacho de Benavides y los de sus asesores.
El colaborador eficaz también detalló el uso político de las investigaciones contra los congresistas denominados “Los Niños”, a cargo del fiscal Huamán. “Tengo conocimiento que Marco Huamán entregó esta lista (de nombres) a Jaime Villanueva, por orden de Patricia Benavides, quien le pidió se detalle quiénes eran los congresistas comprendidos en la carpeta Nº 204-2022”, narró el colaborador.
“Posteriormente tomé conocimiento que Jaime Villanueva, por órdenes de Patricia Benavides Vargas, utilizó la lista de los congresistas que se le había entregado para identificarlos y posteriormente negociar sus votos para la inhabilitación de la doctora Zoraida Ávalos y de los miembros de la Junta Nacional de Justicia”, señaló.
En ese contexto, el delator contó detalles de las investigaciones fiscales contra dos congresistas elegidos por el partido Perú Libre.
El primero es el congresista Edgar Tello Montes. Según el colaborador, en abril o mayo de 2023 Abel Hurtado Espinoza, entonces coordinador parlamentario del Ministerio Público, le pidió al fiscal Huamán que reciba a Tello Montes en su despacho.
Hurtado le explicó a Huamán que “este (Tello) ya había coordinado con el asesor Jaime Villanueva una entrevista, ya que el congresista quería hablar de las investigaciones que tenía en el Ministerio Público”.
Según el colaborador, Huamán se negó a sostener el encuentro debido a que en ese momento se encontraba investigando a Tello por tráfico de influencias.
El caso estaba vinculado al presunto favorecimiento de Tello a una empresa constructora y estaba asignado al fiscal adjunto de Huamán, Ricardo Dulanto Ysla. A decir del colaborador, Dulanto halló responsabilidad penal en Tello y elaboró el proyecto de denuncia constitucional contra el congresista, el mismo que fue remitido a la fiscalía de la nación en los primeros días de mayo de 2023.
No obstante, Patricia Benavides retrasó el trámite durante algunos meses y recién dio su visto bueno a la denuncia contra Tello a inicios de julio de 2023. ¿Qué ocurrió entretanto?
En opinión del delator, “a la luz de los hechos presentados, puedo inferir que había injerencia de Jaime Villanueva sobre esta carpeta, para lograr la votación favorable a la inhabilitación de la doctora Zoraida Ávalos por parte de (Edgar) Nivardo Tello Montes”.
Las fechas calzan. El 21 de junio, al mismo tiempo que Benavides tenía entre manos la denuncia contra Tello, el Congreso votó la inhabilitación contra Ávalos. El entonces congresista perulibrista fue uno de los 70 parlamentarios que respaldó la propuesta.
De acuerdo con el colaborador, otra de las congresistas perulibristas a las que Benavides intentó favorecer y que al igual que Tello votó a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos fue la cusqueña Katy Ugarte Mamani.
En abril de 2023, la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra Ugarte por presuntos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho.
En ese contexto, la fiscalía incautó el teléfono celular de uno de los asesores de la congresista, Jorge Torres Pando.
Según el colaborador, esta incautación despertó la alarma dentro del círculo más cercano a Benavides. A decir del colaborador, Ugarte “había coordinado con el asesor Jaime Villanueva para que se acelere la devolución del teléfono celular de su asesor Jorge Torres Pando”. Al ser rechazada esta solicitud, “Villanueva indicó que por orden de Patricia Benavides se viera la posibilidad de que (…) no se haga la copia espejo o se haga en forma parcial. ya que en el equipo celular había comunicaciones entre Torres Pando y Carlos Pérez, fiscal superior del distrito fiscal de Cusco”.
¿Qué interés tenía Benavides en que se no revelen dichas comunicaciones?
El delator apunta que “Pérez tenía una antigua y fuerte amistad con Patricia Benavides, teniendo conocimiento que lo convocó para ser el coordinador de un área especializada, pero él rechazó y más bien pidió la posibilidad de cambiar el reglamento de la Junta de Fiscales Superiores para que pueda ser reelegido como presidente del mismo”.
Pocos días después de asumir la fiscalía de la nación, en julio de 2022, Benavides viajó a Cusco para participar de varios eventos protocolares junto a Pérez Sánchez, entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores de esa ciudad.
Un mes después, Pérez firmó un comunicado respaldando la gestión de Benavides tras las críticas por la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla.
El nombre de Pérez volvió a figurar cuando, en el marco de la Operación Valquiria, el equipo liderado por Marita Barreto allanó la casa de Abel Hurtado, coordinador parlamentario del Ministerio Público. Entre sus pertenencias, se halló el voucher de un depósito de 250 dólares a favor de Pérez Sánchez.
A pesar de la insistencia, sin embargo, el colaborador indicó que no se dio trámite al pedido de Benavides y el celular de Torres Pando pasó por el trámite regular. En cuanto a Ugarte, la denuncia constitucional en su contra recién se presentó en marzo de este año, cuando Juan Carlos Villena ya había reemplazado a Patricia Benavides en el cargo.
Juez Checkley
Otra de las novedades del colaborador eficaz está relacionada a la presunta coordinación entre Benavides y el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.
El 2 de febrero de 2023, el entonces fiscal supremo Uriel Terán solicitó al Poder Judicial el archivamiento de la investigación contra la jueza Enma Benavides por el presunto cobro de sobornos a procesados por narcotráfico.
El juez encargado de admitir o denegar dicho pedido era Checkley Soria.
Según el colaborador, en los siguientes meses Benavides buscó influir en Checkley. Para hacerlo, la exfiscal de la nación empleó a Huamán Muñoz.
Huamán, como ya se dijo, estaba a cargo de las investigación contra los congresistas denominados “Los Niños” y como tal mantenía fluida comunicación con Checkley Soria, juez de investigación preparatoria en dicho caso.
El delator dijo que Huamán obedeció a Benavides y se comunicó vía Whatsapp con Checkley para trasladarle su pedido. El juez, según el mismo relato, respondió que “vería la posibilidad de programar la audiencia en esas fechas”.
Cuando Huamán comunicó la respuesta del juez a Benavides, esta le dijo que “tenía esa misma información y que quería confirmarla”.
Las fechas, en este caso, también encajan. Algunas horas después de que se produjera la Operación Valquiria, el 27 de noviembre de 2023 Benavides presentó una denuncia constitucional contra Boluarte por las muertes ocurridas en las protestas sociales. Una semana después, el 7 de diciembre de ese año, Benavides recibió un homenaje en el Colegio de Abogados de Lima al cumplirse un año de la detención de Pedro Castillo.
En cuanto a Checkley, el juez supremo programó la audiencia de Enma Benavides para enero de 2024, es decir, cuando Patricia Benavides ya había sido suspendida en el cargo. Entonces Checkley rechazó el pedido de archivamiento del fiscal Terán y ordenó a la fiscalía que concluya con sus actos de investigación en un plazo de cinco meses. Poco después, al ser incluido en la investigación contra Patricia Benavides, Checkley solicitó a la Corte Suprema su inhibición para ver dicho caso.
Morales Saravia
Otro de los mencionados en el marco de la colaboración eficaz es Francisco Morales Saravia, expresidente del Tribunal Constitucional.
Según el delator, el fiscal Huamán conoció a Morales Saravia antes de que este fuera elegido magistrado del TC y una vez producida su elección fue a saludarlo el 7 de junio de 2022.
Este contacto fue aprovechado por Patricia Benavides. Un año después, el 16 de agosto de 2023, Benavides presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de bloquear las investigaciones en su contra en la Junta Nacional de Justicia.
Al día siguiente, según el colaborador, Benavides llamó a Huamán para pedirle que busque al entonces presidente del TC para pedirle “que vea la forma de que se admita la demanda y se declare fundada la medida cautelar”.
En ese contexto, el delator señaló lo siguiente:
Aunque el colaborador señala que Huamán no alcanzó a pedirle a Morales que admita la demanda y declare fundada la medida cautelar, lo concreto es que la demanda fue admitida apenas trece días después, el 29 de agosto de 2023.
En cuanto a la medida cautelar, esta se resolvió en contra de Benavides en febrero de 2024, es decir, cuando Benavides ya había sido suspendida en el cargo.
