La “suspensión” del fiscal José Domingo Pérez, perpetrada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), que dirige Juan Antonio Fernández Jerí, tiene motivos mayores que el obvio abuso, la notoria arbitrariedad y la segura corrupción que dicha acción supone.
¿Por qué?
Porque además de lo anterior la acción de Fernández Jerí es un encubrimiento descarado … (aunque a la vez un reconocimiento implícito), de su ya descubierta conspiración con el abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, para eliminar funcionalmente a José Domingo Pérez, probablemente el más importante fiscal en investigar y perseguir la mega-corrupción en lo que va de este siglo.
Desde enero de este año circuló la información sobre uno o varios audios en los que Christian Salas, el abogado que defiende al fujimorismo en los graves casos de corrupción que investiga José Domingo Pérez, conspira con Fernández Jerí para que este –premunido con la autoridad de investigar y sancionar fiscales– separe punitivamente a Pérez Gómez de sus funciones de fiscal.
Fernández Jerí tiene ya un señalado prontuario como instrumento central para destruir las investigaciones anticorrupción, tanto las del caso Lava Jato como las que llevaba la Eficcop.
Lo primero que hizo fue suspender arbitrariamente al fiscal superior Rafael Vela, en coordinación con la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides. Vela logró retornar a su función mediante un amparo.
Luego, Fernández Jerí suspendió de su cargo a la fiscal Marita Barreto, a cargo del Eficcop, un equipo que, para todo propósito práctico, ha sido destruido. Hace poco, Fernández Jerí suspendió por tres meses más a la fiscal Barreto.
La primera información sobre los audios en los que Fernández Jerí conspira con Christian Salas fue publicada por IDL-R el 21 de enero de 2025.
Pocos días después lo hizo también Hildebrandt en sus Trece, con detallada información.
La fiscalía de la nación sacó un comunicado desmintiendo lo publicado por H13. Mintieron en su desmentido.
No es la primera vez en su historia reciente en la que la fiscalía emite negaciones mentirosas. Lo hicieron, por ejemplo, luego del primer interrogatorio de fiscales peruanos a Marcelo Odebrecht, en Curitiba. Ahí intentaron desmentir, en un comunicado, la información que sacó IDL-R, indicando que Marcelo Odebrecht había mencionado, entre otros, a Keiko Fujimori. IDL-R pronto publicó la información que corroboraba lo dicho y la fiscalía se vio obligada a desdecirse.
Pronto tendrán que hacer lo mismo con H13.
Los audios Christian Salas-Fernández Jerí, después de pasearse y ofrecerse por diversas fiscalías, fueron escuchados la semana pasada por periodistas de La República, que transcribieron parte de su contenido este fin de semana.
Salas y Fernández Jerí negaron haber conversado o haberse reunido. Lo que ninguno de ellos negó fue haberse mandado mensajes de voz entre sí en lugar de mensajes de texto, parte de los cuales aparecieron en la edición sabatina de La República.
Es cuestión de corto tiempo antes de que los audios o ingresen como prueba formal en la fiscalía o se hagan públicos. En esa circunstancia, pese al gobierno cómplice, la situación de Fernández Jerí devendrá precaria.
Aún así, comprometido en un caso potencialmente grave, Fernández Jerí se lanzó a suspender, sin ningún motivo vagamente racional, a Pérez Gómez. Y no solo eso. Ordenó a la fiscalía, que lo obedeció, que Pérez Gómez no pueda ingresar a su oficina, ni a entregar su cargo, ni siquiera para recoger sus efectos personales.
Un abuso tan grosero, con tal evidente conflicto de interés, incluso en los tiempos actuales, probablemente hubiera frenado a Fernández Jerí en otra circunstancia.
¿Por qué lo hizo, pese a todo, sabiendo que la prueba de la vinculación cómplice entre ellos era apenas una cuestión de tiempo?
Hay dos razones posibles. Una, que había que actuar porque el tiempo apremiaba. Otra, que había una certeza plena de impunidad. Lo más probable es que sean las dos razones a la vez.
Detrás del impúdico abuso hay, además, razones mayores que las del caso mismo, con lo importante que es.
Pese a la enorme campaña de descrédito y desprestigio emprendida contra José Domingo Pérez. Pese a las “investigaciones” en contra suya por presunta corrupción dentro de la fiscalía de la nación, que se enconaron en extraña sincronización con el proceso judicial del caso “Cocteles”, Pérez Gómez se presentó en el juicio (ahora retrotraído de nuevo a la etapa fiscal) con una enorme cantidad de pruebas, testimonios, confesiones.
Su interpretación jurídica podía discutirse, pero los hechos no. Ventilarlos en un juicio público hubiera sido enormemente perjudicial para el fujimorismo.
Por eso, hicieron todo lo posible por hostigar, anular, difamar a Pérez Gómez. Pero no lograron cancelar el caso. Y tampoco al fiscal.
Solo les quedaba hacer las cosas a la bruta. Y a la bruta, vía Fernández Jerí, las hicieron.
Es que el juicio este año, con sus revelaciones, podía poner en peligro el objetivo central de la coalición cleptócrata que gobierna: asegurar su continuación en el poder más allá de las elecciones de 2026.
Esa es cuestión de vida o muerte para ellos. De la coalición cleptócrata en conjunto.
Hasta ahora han logrado cumplir la mayoría de sus objetivos, gracias a sus enormes ventajas. Manejan los resortes formales e informales del poder y buscan mantener su posición de dominio a través de las elecciones y luego de ellas.
Confían en lograrlo. ¿Acaso no han conseguido acrecentar su dominio, pese al desprecio y aborrecimiento de la inmensa mayoría de la población hacia ellos? ¿Acaso no controlan las reglas del juego y las van cambiando de acuerdo con su conveniencia? ¿No tienen también a los árbitros alineados o sometidos? ¿No avanzan cada día en intimidar y controlar las pocas instituciones de gestión, de deliberación o de regulación que no se han sometido?
¿No acaban de aprobar un acuerdo para que basten 50 votos en el Congreso para destituir a cualquier funcionario? ¿No están por promulgar una ley, que hubieran envidiado Putin u Ortega, para barrer a las organizaciones de la sociedad civil insumisas o que se les enfrenten?
¿No tienen a la población aterrorizada por una epidemia de violencia criminal que se ceba en los más pobres y que ellos proclaman que combatirán con “mano dura”, mientras la situación se deteriora cada día?
¿Acaso no les conviene esa violencia criminal que a ellos no les hace nada, pero que arrasa la vida de la gente pobre, debilita sindicatos y organizaciones populares y muestra lo que la violencia le puede hacer a la gente?
Esa cleptocracia es el 3% despreciado y aborrecido por el 95% (o más), de la población, pero hoy por hoy son dueños del poder, sus arbitrariedades y sus gollerías.
¿Quién se les va a oponer ahora que sienten que llevan el juego a pocos pasos del jaque mate?
Asumen que no habrá partidos hábiles que logren real capacidad de oponerse. Y si surge alguno, siempre podrán inhabilitar al candidato y/o al partido.
Si la ultraderecha avanza en el mundo, sin que ni ella ni la lumpenizquierda, aquí en el Perú, tengan ningún problema en unirse bajo el lema de que “salvo la cutra, todo es ilusión”.
¿Alguien se les va a oponer? ¿Algún cleptócrata se animará a escribir el manual de cómo controlar y dirigir y explotar un país que te odia sin que parezca del todo una dictadura?
¿Es así? No necesariamente.
El modelo de la oligarquía del 3% tiene vulnerabilidades, tan evidentes que no se ven.
El desprecio, el odio que les tiene la inmensa mayoría de la población puede dejar de ser pasivo.
Si bien la telaraña de reglas tramposas que han tejido los corruptos parece densa y pegajosa, bastará que una quinta parte de ese 95% o 97% que los detesta se movilice con decisión, para que el repunte inicial se convierta pronto en un torrente.
Las movilizaciones decisivas de la gente, no violentas pero despojadas de miedo y con total decisión, podrán cambiar con rapidez el deprimente cuadro actual.
Pero cuanto más tiempo demore esta movilización, mayor será el esfuerzo y mayor el precio.
Y en el ínterin más bribones medrarán; y más crímenes se cebarán sobre la gente del pueblo.
Entendamos ahora que la acción tomada contra el fiscal Pérez Gómez, el que más ha luchado desde la fiscalía contra la gran corrupción, se debe a que su permanencia era un peligro real para las mafias. Las leguleyadas y mezquindades que han salido a la luz han sido meros disfraces tinterillos de sus motivos de fondo, pero son a la vez un prólogo de la oscuridad con que la mafia busca terminar de someter al país.
Estamos todavía a tiempo de prevenirlo.
