Febrero va a ser un mes interesante en muchos aspectos, pero especialmente en lo que concierne al caso Lava Jato. Al final del mes, días más, días menos, Jorge Barata declarará a los fiscales peruanos en Brasil, bajo las garantías y apremios de la ley brasileña.
“Marcelo [Odebrecht] conoce el bosque, Barata conoce el árbol”, resumió bien, hace unas semanas, una fuente de esa corporación. Y sí que los conoce. Ya ha nombrado a unos en su delación premiada, pero omitió a otros. La segunda declaración de Marcelo Odebrecht dejó claro que Barata tenía todavía mucho que revelar.
En principio, Barata deberá hablar. Los términos de su acuerdo de delación premiada lo obligan a responder con la verdad detallada a las preguntas que se le haga. Tampoco puede omitir temas no preguntados pero que sean importantes para el asunto sobre el que declara. Burlar el acuerdo puede significar consecuencias muy duras para él: perder parte o incluso todos los beneficios del convenio de delación premiada. Y las cosas han sido ya lo suficientemente difíciles para Barata en múltiples ámbitos como para arriesgarse a perder por largo tiempo lo que todavía conserva: la libertad.
Barata sabe mucho. No es el único, pero es quien tiene probablemente el mejor conocimiento de cómo funcionó el esquema de corrupción de Odebrecht en cada uno de los casos en los que Marcelo Odebrecht ha repetido: “Barata sabe”. “Pregúntenle a Barata”. Ello involucra a Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y Susana Villarán. También, por cierto, a varias otras constructoras consorciadas con Odebrecht en diversas obras. Si las diligencias se llevan a cabo con la precisión exhaustiva que debieran tener, el interrogatorio a Barata provocará un avance sustancial en el conocimiento sobre la corrupción de Lava Jato en el Perú y pudiera representar el punto de inflexión en el caso.
Pero estos árboles no esperan quietos la hora de su nueva taxonomía. La ofensiva contra la investigación Lava Jato está en marcha desde hace buen tiempo atrás, con una suerte de estrategia que se concentra en lo que ha sido históricamente la mejor receta para lograr la impunidad: convertir a los investigados en investigadores a través del control o intimidación de las organizaciones encargadas.
¿Recuerdan lo que pasó cuando El Comercio publicó algunos trascendidos de la declaración de Marcelo Odebrecht en noviembre pasado? Keiko Fujimori respondió con un vídeo amenazador, prometiendo una demanda judicial contra ese diario. Antes los dirigentes keikistas habían exigido un boicot publicitario contra Caretas. Poco después, cuando el fiscal José Domingo Pérez allanó locales partidarios de Fuerza Popular en busca de información, la inmediata movilización intimidatoria de congresistas del fujimorismo contra el fiscal incluyó a la presidenta de la Comisión supuestamente investigadora del caso Lava Jato en el Congreso, Rosa Bartra.
Mientras tanto, los fujimoristas habían planteado una acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y promovían agresivamente también la destitución del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. La última parte de esa prepotencia en cadena fue el intento de defenestrar a Kuczynski, que los hubiera llevado a tomar el poder y, ahí sí, manejar a la bruta y a su gusto no solo la investigación del Congreso sino también las fiscales y judiciales.
Mientras esa ofensiva de aplastamiento se ponía en práctica y eventualmente fracasaba (cuando menos por ahora), otras acciones se llevaban a cabo en paralelo. El fujimorismo (quizá haya que llamarlo ya keikismo para distinguirlo del fujimorismo de Asgard y los Avengers) continúa intentando consolidar el control del Consejo Nacional de la Magistratura, desde donde buscará también destituir al fiscal de la Nación y nombrar fiscales y jueces que respondan a sus intereses o a los de su aliado en la ofensiva contra la investigación de Lava Jato: el Apra.
Si el fujimorismo keikista y el Apra llegaran a controlar la Fiscalía de la Nación y terminaran de hacerlo con el Poder Judicial, podrían diseñar el guion de encubrimiento de la investigación Lava Jato. ¿Un adelanto de cómo sería ese guion? Vean la lista de investigados que tiene la comisión del Congreso que preside Bartra y adivinen los nombres que faltan. Así es: ahí no está Alan García y tampoco está Keiko Fujimori.
Aún ahora, el atreverse a investigar a Keiko Fujimori o a Alan García pone a cualquier funcionario público en el camino de represalias a través de los aliados de estos dentro de instituciones como la Fiscalía de la Nación. Eso es lo que ha sucedido con el decidido y competente fiscal José Domingo Pérez.
Como se recuerda, cuando este se preparaba para interrogar a Marcelo Odebrecht en Curitiba, en septiembre del año pasado, el fiscal Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional de la fiscalía, intentó prohibirle las preguntas que pudieran referirse a Alan García.
Informe del fiscal José Domingo Pérez contra fiscal Alonso Peña Cabrera
José Domingo Pérez defendió con energía su fuero investigativo. Reportó a su superior, el fiscal Rafael Vela, lo que había sucedido y planteó una queja ante la oficina de control interno del Ministerio Público. Peña Cabrera negó las acusaciones y quejó a su vez a Pérez Gómez en la misma oficina de control interno.
Hace pocos días, La República y El Comercio reportaron que la fiscalía Suprema de Control Interno estaría centrando su “investigación” sobre Pérez Gómez por haberse enfrentado a Peña Cabrera, “un fiscal de mayor jerarquía”. Se trataría de “una falta de respeto”.
No he tenido tiempo de confirmar esa información con el fiscal supremo de Control Interno, que se llama Víctor Raúl Rodríguez Monteza. De ser cierto, que espero no resulte el caso, sería no solo inaceptable sino escandaloso. ¿Se le va a prohibir a un fiscal provincial denunciar a un fiscal superior (provisorio o no) que intenta limitar o sabotear su investigación?
Luego, en Brasil, Pérez Gómez ciertamente preguntó por “AG” y recibió respuestas reveladoras que permitirán hacer ahora preguntas mucho más específicas a Jorge Barata. Preguntó también en Brasil sobre Keiko Fujimori y en Lima llevó a cabo un allanamiento a los locales partidarios de Fuerza Popular. ¿Le quieren cortar ahora la investigación en etapa decisiva con argumentos estúpidos?
He visto varias veces ese argumento en acción. La primera fue en 1985, en el caso Villa Coca. Ahí estuvieron involucrados en la protección de y participación en crimen organizado narcotraficante todos los jefes que tuvo la entonces Policía de Investigaciones (PIP) entre 1980 y 1985; y varios otros. El fiscal de la Nación de ese tiempo, el enérgico César Elejalde, organizó una fuerza de tarea investigativa bajo el mando del entonces joven general Raúl Chávez González, acompañado por el extraordinario coronel Víctor Cancino. El grupo avanzó a gran velocidad hasta que sus corruptos exjefes, representados por el abogado Vladimiro Montesinos, les hicieron un juicio en el fuero militar por “insulto al superior”. ¡Y lo ganaron!
Poco después, a través del nefasto fiscal Hugo Denegri, Montesinos tomó el control de la fiscalía de la Nación. Chávez González, Cancino y otros policías íntegros enfrentaron años muy difíciles. El Perú, peor.
Pero algo hemos aprendido de esas experiencias, ¿verdad?
(*) Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2524 de la revista ‘Caretas’.
