Han pasado casi cuatro años desde el allanamiento en la oficina del coordinador parlamentario del entonces fiscal de la nación, Pedro Chávarry. Aquella vez, Chávarry y sus asesores obstruyeron las pesquisas de forma similar a como lo hacen estos días los funcionarios con cargos equivalentes. La Junta Nacional de Justicia lo destituyó y le canceló el título de fiscal supremo en febrero de 2021.
Esta vez, de acuerdo a los vídeos de cámaras de seguridad y fotos tomadas entre la noche del sábado y el lunes, la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides; su asesor de confianza Miguel Girao, y otras 13 personas —fiscales y colaboradores de su entorno más cercano— destruyeron o se llevaron documentos y acordaron acciones para perturbar la diligencia de allanamiento, detención, descerraje e incautación que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficop) tenía prevista como parte de su investigación por organización criminal a los asesores de Benavides: Jaime Villanueva, Girao, y el coordinador parlamentario Abel Hurtado. Según la investigación del fiscal Christian Niño, del equipo que hasta el lunes dirigía la fiscal Marita Barreto, la fiscal de la nación lidera esa red de corrupción.
Esta semana la diligencia fue de casi 12 horas en el noveno piso de la sede central de Ministerio Público, el mismo que allanó en 2019 el fiscal José Domingo Pérez. Desde las 4 de la mañana hasta las 3 y 40 de la tarde del lunes, tres fiscales provinciales y cuatro policías hallaron material sobre la presunta organización criminal. Esta vez ningún funcionario desorientó a los fiscales, como lo hizo el secretario general del MP hace cuatro años. Pérez tenía una orden judicial para allanar e incautar materiales en dos oficinas del entonces coordinador parlamentario, Juan Manuel Duarte, en relación a la investigación a Keiko Fujimori. La hipótesis era que la relación entre Pedro Chávarry y Fuerza Popular interfería en la investigación por organización criminal a la lideresa de ese partido. El enlace parlamentario había sido asesor de un congresista fujimorista y fue recomendado a Chávarry por la bancada de FP. El fiscal Pérez señalaba que Chávarry había adoptado una actitud de hostilización y encubrimiento en los actos de investigación del equipo ‘Lava Jato’ al haberle pedido información sobre el acuerdo de colaboración con Odebrecht. La orden judicial de allanamiento autorizó a incautar documentación o materiales sobre Fuerza Popular, sobre las dos campañas electorales [2011 y 2016] bajo investigación, y sobre el vínculo entre Chávarry y el grupo de interés de Fujimori.
Sin embargo, el secretario general dijo que una de las oficinas señaladas en la orden judicial no pertenecía a Duarte y que debía obtener otra orden para el allanamiento en la oficina correcta. Pérez halló documentos de importancia como, por ejemplo, un folder con las iniciales del entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi, y la resolución que firmó Chávarry para sacar a los fiscales Rafael Vela y Pérez del Equipo Lava Jato. El fiscal lacró —con papel bond y cinta adhesiva—la puerta del despacho al que no pudo entrar y se fue a tramitar su solicitud al juez. Siete horas más tarde, a mediodía del sábado —fuera del horario laboral— llegó Chávarry para reunirse con asesores y escoltas. Aprovecharon una distracción de los policías que cuidaban el ambiente lacrado y una asesora de Chávarry y otro funcionario sacaron documentos y objetos del coordinador parlamentario en una caja grande de cartón.
Nuevos hallazgos en el piso nueve
Fuera del horario laboral, entre la noche del domingo y las 3:54 am del lunes, la fiscal Benavides se reunió en el noveno piso de la sede principal Ministerio Público luego de que se enteró de la orden de detención preliminar a su asesor principal, Jaime Villanueva, y de allanamiento a las oficinas, domicilios y autos de sus tres consejeros. Allí redactaron la resolución para sacar a la fiscal Barreto de la coordinación de Eficop. El acta de la diligencia en la oficina del coordinador parlamentario da cuenta de que rompió documentos comprometedores. Por ejemplo, los fiscales hallaron un pedazo de un oficio de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que alude a la fiscal Barreto, la resolución para dejar sin efecto su nombramiento en el equipo especial que investiga a los asesores de Benavides, y otro pequeño resto de un documento de la Oficina de Control Interno (ODCI Centro) que menciona a Jack Miller Pérez Arévalo, el abogado de Rodolfo Orellana que cumple prisión en Yanamayo. En 2022, Miller interpuso una denuncia contra la fiscal Marita Barreto, que llevaba seis carpetas de investigación al condenado por estafa y otros delitos.
Entre otros materiales “considerados relevantes para la investigación”, el acta de incautación en la oficina de Hurtado menciona cuatro DVDs, uno de ellos rotulado ‘Porky’, el apodo con el que Rafael López Aliaga se presentó como candidato a las elecciones presidenciales en 2021 para suavizar su imagen. El alcalde de Lima Metropolitana es investigado por lavado de activos y condecoró a la fiscal Benavides por el día de la mujer en marzo. Una de las investigaciones que le abrió la Junta Nacional de Justicia se debe a que recibió esa distinción por parte del investigado, contraviniendo las normas.
En ese despacho, los fiscales encontraron 2.000 soles en efectivo, y un comprobante de un pago de 250 dólares al presidente de la Junta de Fiscales de Cusco, Carlos Alberto Pérez Sánchez. También había escritos correspondientes a diez expedientes de la Junta Nacional de Justicia, en los que Benavides pide a la presidenta de ese colegiado “no iniciar proceso disciplinario” o “declarar infundado”.
Otro folder de manila con copias fotostáticas incautado tenía por rótulo: ‘Escándalo de los señores 130 congresistas’ y un anillado se refería a ‘Ataques o cuestionamientos del Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación’. El acta se refiere a varios otros documentos pertinentes para la carpeta llamada ‘La fiscal y su cúpula de poder’, pero no están detallados.
Reemplazo y declinaciones
El conciliábulo del domingo mostró con quiénes contaba Benavides cuando empezó su caída, además de la fiscal Marena Mendoza, que es su principal incondicional desde que la trasladó a Lima de un despacho civil en La Libertad. Los principales, por los casos que ven y por las decisiones de los días siguientes, fueron los fiscales Elmer Ríos, coordinador del Equipo Especial ‘Cuellos Blancos’ luego de varios cambios formulados por ella desde julio del año pasado, y Daniel Jara, fiscal superior provisional y jefe de la oficina de coordinación de las fiscalías especializadas en narcotráfico. Antes de que Benavides designara a Jara en ese despacho era el coordinador de la Fiscalía Superior Nacional y fiscalías penales supraprovinciales especializadas en derechos humanos, interculturalidad y terrorismo. En esa condición, en 2022 participó en importantes diligencias de los casos Accomarca y La Cantuta.
El fiscal Jara estuvo en el noveno piso con Benavides entre las 21:12 del domingo y las 2:01 del lunes; Ríos, de las 20:28 hasta las 3:42 de la mañana; y el asesor Girao, de las 21:33 a 4:00. El cuaderno de ocurrencias de ese piso indica que la fiscal de la nación llegó a las 20:48 y se fue a las 3:54 de la madrugada. Según los registros de las cámaras de seguridad, Girao se despidió de Benavides y salió del piso con las manos vacías, pero luego entró a alguna oficina y se fue cargando una mochila en la espalda. Si bien el acta de la diligencia realizada el lunes indica que se realizó en la oficina del coordinador parlamentario Hurtado, encontraron varios comprobantes de pago a nombre de Girao y los usuarios y claves que el abogado usaba en correos electrónicos, bancos y librerías en línea, entre otros servicios. Girao trabajó en 2019 como asesor de confianza de la presidenta de la Corte Superior del Callao, Ruth Benavides, la otra hermana de la fiscal. Ella sucedió a Walter Ríos, preso por integrar la mafia ‘Cuellos Blancos del Puerto’, y estuvo bajo investigación de la fiscal suprema Bersabeth Revilla por la supuesta contratación irregular de 242 trabajadores en esa corte entre 2019 y 2020.
El lunes, tras conocerse que Benavides sacó a Barreto de la coordinación del equipo que investigaba desde mayo a sus asesores, encargó al fiscal José Cuya la coordinación hasta enero, pero el martes se supo que declinó. Entonces, nombró a Jara. La mañana del miércoles, dos fuentes con conocimiento de los hechos informaron a IDL-R que el fiscal había ingresado al despacho de Eficop. Luego algunos medios publicaron el vídeo de las cámaras de seguridad de la entrada y salida de Jara para reunirse el domingo en el raro horario nocturno con Benavides y los otros fiscales y funcionarios. Poco después, doce fiscales de Eficop emitieron un documento dirigido a la junta de fiscales supremos, solicitando que nombren a otro reemplazo. La carta expresa la desconfianza en Jara y la ilegitimidad que se ganó en 48 horas.
“Se erigiría como un hecho cuando menos cuestionable por el horario y las formas como se llevó a cabo dicha reunión, siendo que posteriormente a la misma se conoció de la resolución que deja sin efecto el nombramiento de la señora fiscal Marita Barreto”, dice el oficio. Los fiscales del equipo que trabajó con Barreto añaden que el designado o encargado debe poder desempeñarse en garantía de la reserva y cautela del acervo documentario “de diversos casos emblemáticos de connotación nacional” y de la autonomía e independencia de los fiscales.
Entrada la noche, un tuit de un periodista del diario La República informó que Jara había declinado.
El episodio también evoca la etapa de Chávarry, cuando el 31 de diciembre de 2019 removió a Vela y Pérez del Equipo Especial ‘Lava Jato’ y los sustituyó esa misma noche por los fiscales Frank Almanza y Marcial Páucar, respectivamente. Chávarry los presentó en un acto en el que los reemplazantes se mostraban tristemente incómodos. Aunque convocó a la prensa no dejó que hicieran preguntas y los fiscales no dijeron nada.
Esa nochevieja, cientos de personas marcharon por el centro de Lima y esperaron el año nuevo frente a la oficina de los fiscales Lava Jato destituidos, para expresar su respaldo. Las movilizaciones ciudadanas en Lima continuaron y los fiscales Lava Jato pidieron a la junta de fiscales supremos que reconsideraran la medida porque afectaban la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Al caer la tarde, en una conferencia de prensa anunciaron su “desobediencia jerárquica” si no daban marcha atrás. “Pediremos que se pronuncien en el más breve plazo porque los argumentos del fiscal para removernos son falsos y pretende favorecer los intereses de una organización criminal», dijo Vela sobre Chávarry.
Almanza y Páucar declinaron irrevocablemente el 2 de enero. Chávarry tuvo que firmar una resolución anulando la del 31 de diciembre. Vela y Pérez volvieron a sus despachos.
Al final del jueves, Benavides hizo un tercer nombramiento de coordinador del equipo que investiga a ‘La fiscal y la cúpula de poder’. Designó al fiscal superior Fredy Gutiérrez Crespo quien, por decisión de la fiscal de la nación, se incorporó al Eficop en julio de 2022 procedente de un despacho del distrito fiscal del Santa. Gutiérrez reemplazó a Barreto por cuatro días en febrero cuando la fiscal viajó en comisión de servicios a Tampa, Estados Unidos, a interrogar a la empresaria Sada Goray. En julio, Barreto publicó un libro de más de 470 páginas titulado ‘Criminalidad organizada y corrupción en el poder’; en la introducción agradece a Gutiérrez por haber hecho realidad esa edición y publicación cuando el Eficop cumplía un año de creado.
Benavides aún no ha respondido a la apelación “con efecto suspensivo” planteada el martes por Barreto para reincorporarse a la coordinación. Ese tipo de apelación es el mismo que solicitaron en su momento Vela y Pérez frente a la junta de fiscales supremos que integraba Chávarry cuando fueron desterrados del Equipo Especial Lava Jato en 2019.
Hostigamientos y maniobras
El modus operandi para acosar al fiscal José Domingo Pérez en 2019 también se repite de cierta forma con Barreto en estos días. El miércoles, la fiscal denunció en la comisaría de Lince que desde hace más de un mes es víctima de seguimiento y amedrentamiento, y entregó copias de una denuncia previa en otra comisaría cuando fue perseguida por tres personas en motocicleta. Según el parte policial, en el día, tres personas que se decían periodistas llegaron en un auto e intentaron entrar al edificio donde vive. El personal de seguridad identificó la placa del vehículo, registrado en Sunarp a nombre de Saomi Xiomara Roca Sune.
La fiscal dijo a la policía además que es víctima de una “campaña agresiva de difamación” que le atribuye falsos hechos temerarios para generar presión e intimidación, “a fin de evitar que se continúe con las investigaciones”.
Esa noche, en Willax Televisión, de propiedad del investigado por lavado de activos Erasmo Wong, un par de presentadores dijeron que era un equipo de ese canal de televisión el que fue a la casa de Barreto para buscar alguna declaración. Indicó que el auto en el que llegaron el reportero Johan Klug y el chofer Óscar Roca pertenece a una empresa que presta servicios al canal –aunque figura como propietaria una hija de Óscar Roca–. Una de las hermanas de Saomi Roca trabajó hasta abril como editora de vídeo en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
El mismo día, en redes sociales circularon mensajes difamadores acerca de la investigación que el equipo que dirigía Barreto realizó a Benavides y sus asesores. Entre otros mensajes, los flyers, en rojo chillón, decían que “corruptos de izquierda peruana buscan destituir a fiscal Benavides para capturar nuevamente el Estado”, y que los chats del asesor Jaime Villanueva con congresistas “legalmente no tienen nada serio”, “habrían sido modificados para hacer escarnio mediático”. La misma versión circuló a esa hora en la Comisión de Justicia del Congreso en boca de la parlamentaria Gladys Echaíz y de José Balcázar, quienes promovieron la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos. Se opusieron a emitir un pronunciamiento sobre los hechos arguyendo que solo había dichos y que era una campaña fraguada “por ONGs y caviares”.
Barreto estaba preocupada, al igual que lo estuvo José Domingo Pérez el 19 de octubre de 2018, cuando se enteró de que alguien había destruido la chapa de la puerta de su departamento, mientras estaban dentro su familia. El hecho ocurrió después de que en una diligencia pidió prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular en el caso de lavado de activos y obstrucción a la justicia.
La fiscal Barreto ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para proteger su vida y su integridad –y la de su familia– y también su derecho al trabajo y la independencia en su ejercicio como operadora del sistema de justicia. En el pedido sostiene que los actos de interferencia y hostigamiento son parte de la represión de la fiscal de la nación contra su equipo por investigar a su entorno de asesores.
El fiscal Pérez, por su parte, ha reiterado que espera una decisión pronta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respecto de Benavides. Cuando daba declaraciones a algunos periodistas el lunes afuera del Ministerio Público, fue hostigado por personas del grupo de agitadores de ultraderecha conocido como ‘La Pestilencia’, que realizaba un plantón en defensa de la fiscal Benavides. En una entrevista con Juliana Oxenford, Pérez dijo que teme que las siguientes represalias sean contra él, dado que la fiscal de la nación ha afectado todos los equipos de los casos emblemáticos desde que llegó al cargo en julio del año pasado. Los equipos especiales cuyas carpetas están en riesgo al haber afectado la autonomía de los fiscales, con los cambios de despacho o investigaciones de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, son ‘Cuellos Blancos’, ‘Lava Jato’, ‘Cabitos’, ‘Sánchez Paredes’, y ahora ‘Corrupción en el Poder’.
Además, la oficina general de tecnologías de la información del Ministerio Público anunció el miércoles que, por “mantenimiento técnico” iba a suspender en todas las sedes los servicios de intranet, base de datos y otros desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Ese apagón digital pudo haber servido para eliminar evidencias. La tarde del viernes, ese área comunicó al personal que lo realizarían en otra nueva fecha.
A esto se suma que Benavides no ha convocado a la junta de fiscales supremos solicitada el lunes por los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan CarlosVillena, para tomar decisiones sobre la crisis institucional que se agrava.
El lento proceso en la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
Mientras tanto, la JNJ notificó el martes a Benavides que le abrió un “proceso disciplinario inmediato” y ha sido citada a una audiencia presencial de 30 minutos el 6 de diciembre, para que presente sus descargos. El miércoles, junto con la citación, la fiscal de la nación recibió el informe que preparó la instructora de este caso, Imelda Tumialán, en el que propone su suspensión preventiva mientras duren las investigaciones.
Tumialán, que es la presidenta de la JNJ, trabajó como fiscal por 14 años, entre 1982 y 1996, y posteriormente fue jefa, en la Defensoría del Pueblo, del programa de protección y promoción de derechos en dependencias policiales. La decisión de notificar la citación y el informe fue tomada por unanimidad, con la abstención por decoro de la miembro María Zavala, cuya hija trabaja en el Ministerio Público y no vota en las cuestiones referidas a Benavides.
Como en ocasiones anteriores, para enfrentar las acciones de la JNJ, la fiscal de la nación ha acudido a la jueza provisional Jacqueline Tarrillo: esta vez pide que la medida cautelar de octubre que suspendió las cuatro investigaciones de ese colegiado en su contra, se amplíe y la blinde del proceso disciplinario inmediato bajo el que está desde el 28 de noviembre.