En la mañana del martes 3 de septiembre tuvo lugar una audiencia pública sobre un recurso de amparo ante el juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos.
El recurso de amparo significa exactamente lo que indica el término. Es la acción que se presenta, ante juez o tribunal especial, cuando los derechos protegidos por la Constitución o ley fundamental fueran agredidos por otras autoridades, especialmente las fiscales y judiciales.
El mes de abril pasado, el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, presentó una demanda de amparo ante el juez constitucional Juan Carlos Núñez Matos, por la hostil investigación penal que abrió en marzo pasado el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, en contra de Gorriti y de dos fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez.
Las demandas de amparo suelen ser urgentes. Sin embargo, la urgencia es cosa relativa en ciertas circunstancias y culturas. De manera que la audiencia para examinar el tema recién tuvo lugar cinco meses después.
Pese a la gran resonancia nacional e internacional del caso, que IDL-R ha cubierto, por ejemplo, aquí, aquí y aquí, la ruta de esta demanda de amparo no ha sido hasta ahora precisamente fluida.
El 11 de julio, por ejemplo, el juez Núñez Matos rechazó la petición que la prestigiosa Iniciativa Global de Libertad de Expresión de la Universidad de Columbia, en Nueva York, presentó el 22 de mayo. Se trataba de un amicus curiae que analizaba el caso en sí bajo el prisma de la jurisprudencia y de los aportes de expertos internacionales acerca de porqué el periodismo de investigación debe ser protegido y no hostigado o criminalizado.
El juez argumentó, entre otras cosas, que no se ha “acreditado la reconocida competencia e idoneidad [de la entidad] sobre la materia”.
Digamos que solo como un ejemplo de “competencia e idoneidad”, una de las firmantes del Amicus, Catalina Botero, fue Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y es considerada una de las principales autoridades en el mundo sobre derechos humanos y libertad de expresión tanto en la ley como en la práctica.
El constitucionalista Omar Cairo sí revisó, en cambio, el Amicus Curiae y consideró “alarmante” la contundencia de la observación de la Global Freedom of Expression “que señala que en el Perú se están utilizando los mecanismos penales como dispositivos para intimidar y silenciar a periodistas y quebrantar la garantía del secreto de las fuentes”.
Así que la idoneidad resultó ser tan relativa como la urgencia…
Y así se llegó al día y la hora de la audiencia.
La audiencia sobre el recurso de amparo estuvo programada para durar alrededor de una hora. Llegó apenas a los 49 minutos. Intervinieron la abogada de la Procuraduría del Ministerio Público Gabriela Copello; el fiscal demandado, Alcides Chinchay; el abogado de Gorriti, Carlos Rivera; y el director de IDL-Reporteros, a quien el juez le dio dos minutos de tiempo para su intervención, al final.
Gorriti había solicitado, con anticipación, al juez Núñez que la audiencia del martes fuera transmitida por Justicia TV. Pero el magistrado respondió que “carece de objeto disponer la transmisión en vivo”.
Durante la audiencia de amparo, que debe ser pública, periodistas y público intentaron conectarse al enlace de Google Meet, pero solo fueron admitidas diez personas.
Según el abogado penalista Roberto Pereira, especialista en derecho a la información y libertad de prensa, los procesos acerca de libertad de expresión deben ser siempre públicos.
“Los jueces deben garantizar la publicidad de las audiencias y en un caso como éste con mayor razón: se puede…[compartir] el link y no restringir el acceso. [O] a través de Justicia TV. Acá […] hubo restricciones para el acceso…, eso afecta la publicidad de la audiencia, que es una regla procesal […] la garantía de publicidad debe ser máxima”, comentó Pereira.
En igual sentido opinó la periodista y abogada Rosa María Palacios: “Ha habido una audiencia importante y el juez no ha querido que tenga publicidad […]. No es correcto que no sea pública una audiencia que trata como tema de fondo la libertad de expresión y la persecución a un periodista que ha develado casos muy serios de corrupción en el poder”, comentó Palacios en su programa diario en Radio Santa Rosa.
Contradicciones de Chinchay
El fiscal negó que, al pedir el eventual levantamiento del secreto de las comunicaciones, quiera identificar las fuentes del periodista. Esa, dijo, es solo una especulación de Gorriti expresada en un artículo publicado en IDL-R en abril.
“Dice que he pedido su número telefónico, que ha dado su número, y hace una especulación: ‘Si es que el fiscal Chinchay se atreviera a dar un paso más…’, eso se llama especular, no constituye un peligro inminente y cierto, es lo que se imagina que voy a hacer”.
El fiscal Chinchay no cita bien. Lo que dice la nota editorial, “Fuentes, periodismo y libertad”, publicada el 8 de abril es: “Pero si la Fiscalía intenta dar el paso siguiente, [NdR: el énfasis en negrita es para esta nota] de levantar el secreto de las comunicaciones, ahí las cosas toman un cariz por completo diferente. Eso pone en riesgo a las fuentes confidenciales y amenaza gravemente el derecho a la reserva de fuentes y el secreto profesional del periodismo”.
En la audiencia de amparo realizada este martes, Chinchay dijo que al pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones no buscaba averiguar las fuentes de información del periodista, sino saber –mediante geolocalización– sus movimientos por día y hora. Determinar, por ejemplo, si se reunió en su casa con dos fiscales del caso Lava Jato, como refirió a otra fiscalía Jaime Villanueva, el exasesor de Patricia Benavides.
Esa deposición, para decirlo con la palabra que corresponde, del ‘filósofo’ fue volanteada por Willax Televisión, Expreso y altavoces afines de la desinformación, que sirvieron para que luego Chinchay alegue una noticia criminal con la que iniciar su “investigación”.
El levantamiento del secreto de las comunicaciones, afirmó Chinchay, está dado en otro plano. Se trata simplemente de “constatar si las reuniones que ha dicho el señor Jaime Villanueva se han producido o no”, planteó Chinchay en la audiencia, descartando que ello amenace los derechos constitucionales de Gorriti.
“La geolocalización –prosiguió Chinchay– requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Ha habido en algún momento una reunión en la casa del señor Gorriti donde estuvieron presentes Rafael Vela, José Domingo Pérez y Jaime Villanueva? ¿Ha habido esa reunión? Eso necesita el levantamiento del secreto de las comunicaciones. No es sobre quién llama al señor Gorriti, quién le manda mensajes”, dijo el fiscal en réplica al abogado del periodista.
A ver, quieres reconstruir cinco años de movimiento de tu “investigado”, ver dónde estuvo, con quiénes se vio, en qué lugar, por cuánto tiempo ¿Y sostienes que no te interesa identificar sus fuentes de información?
Rosa María Palacios no comentó los malogrados intentos de sofisma del fiscal sino su pretensión real. “El señor Gustavo Gorriti se puede reunir con quien le dé la gana porque es periodista de investigación. Ahí está pues: lo que le interesa al fiscal Chinchay es quiénes son sus fuentes”, advirtió en Radio Santa Rosa.
Actos fallidos
El siguiente argumento no fue tanto una contradicción en Chinchay sino, más bien, una suerte de acto fallido.
Al justificar su “investigación” como la ‘obligación funcional’ de investigar toda noticia criminis, por descabellada que esta sea, Chinchay dijo que:
“Hubo una señora que ejerció la fiscalía de la nación y participó en un programa un domingo en la noche, en el que salió un narcotraficante a decir que al asesor presidencial de ese momento lo sobornó para que sus avionetas partan con cocaína a Estados Unidos”. En el relato de Chinchay, la fiscal contestó a la entrevistadora que no se le podía creer a “un miserable narcotraficante”, frente al más importante funcionario que lucha contra el tráfico de drogas.
Para quienes no lo sepan, la “señora” es Blanca Nélida Colán, la notoria fiscal de la nación durante buena parte del fujimorato; el narcotraficante es Demetrio Chávez, alias ‘Vaticano’ y el asesor presidencial es Vladimiro Montesinos. El entonces presidente era Alberto Fujimori.
Ya que hablamos de casos vinculados con el narcotráfico, es muy interesante que Chinchay haya buscado ese ejemplo.
Porque fue el propio fiscal Chinchay quien pidió en audiencia el año pasado a un juez supremo el sobreseimiento de, entre otros, la jueza Enma Benavides por cohecho pasivo específico y asociación ilícita para delinquir por la liberación –a cambio de supuestos sobornos– de procesados por narcotráfico.
Es cierto que en esa patética audiencia (que dio lugar a varias interesantes colaboraciones eficaces) el fiscal Chinchay declaró, al empezar y terminar su intervención en procura del archivamiento del caso, que “estoy aquí por indicación del fiscal Uriel Terán Dianderas, que es quien ha firmado este requerimiento [de sobreseimiento, NdR]”. Luego Chinchay anotó: “No he participado en ninguna diligencia de esta investigación”.
Al terminar la exposición de sobreseimiento, en la que insistió en presentarse solo como portavoz del fiscal Terán, Chinchay añadió: “He querido dar una visión sintética en tanto como dije que no he llevado nunca ningún acto de investigación, este no ha sido mi caso, y estoy aquí por disposición superior. (…) Creo que este PowerPoint preparado por el personal de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria ha sido bastante gráfico, creo que ha sido una síntesis apropiada de la manifestación de voluntad que ha dado el doctor Terán Dianderas sobre este caso”.
Ese es el argumento de la obediencia debida, que ya no resulta aceptable ni en instituciones tan verticales como las militares.
Pero hubo otros importantes detalles en ese caso, que Chinchay omitió mencionar.
La investigación del caso fue avanzada y conducida por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Corrupción de Funcionarios dirigida primero por la fiscal Bersabeth Revilla. Chinchay trabajaba bajo sus órdenes. Quien ejecutaba la investigación fue el fiscal provincial Ronald Quispe Suárez, pero bajo la dirección global de Revilla. Y a Chinchay le correspondía litigar el caso a nivel judicial.
Revilla avanzó mucho con el caso, que, todo indicaba, terminaría en una inculpación penal. Lo sabía Revilla, lo sabía Quispe y, al medio, lo sabía Chinchay.
Entonces, Patricia Benavides, hermana de Enma, asumió la fiscalía de la Nación. Y, conociendo cómo marchaban las investigaciones de Revilla, la sacó de golpe, con el grotesco pretexto de “baja productividad”. Luego, colocó en su puesto, al fiscal Uriel Terán, dispuesto a colaborar para lograr el encubrimiento y la impunidad en el caso de su hermana.
Y eso es lo que hizo Terán, a quien Chinchay sirvió de portavoz en el pedido de sobreseimiento.
¿Pudo haberse negado a prestarse de portavoz en lo que, a la luz de su conocimiento, él debía saber que se trataba de una acción corrupta? Según diversas fuentes fiscales consultadas, Chinchay pudo haberse negado. No hubiera ayudado mucho a su carrera en ese momento, pero lo hubiera mostrado como persona capaz de cumplir la función de un fiscal, aún a costa de la incomodidad del burócrata. No lo hizo, y sus gestos durante su exposición de PowerPoint son involuntariamente elocuentes.
De manera que fue una idea fallida, de Chinchay la de escoger el ejemplo de la fiscal Colán para marcar distancias.
Como se sabe, poco tiempo después del discurso de Chinchay, la Junta Nacional de Justicia destituyó a Enma Benavides por los mismos hechos, previamente investigados por Revilla, encubiertos por Terán (y expresados por su portavoz) y finalmente resueltos por la JNJ.
El asunto es el periodismo de investigación
En su corta intervención final, Gustavo Gorriti describió lo que considera es el motivo de fondo de los ataques contra IDL-Reporteros.
“El asunto es el periodismo de investigación y sus consecuencias en dos casos relacionados, uno de ellos de dimensión internacional, el caso Lava Jato, y el concomitante caso llamado Cuellos Blancos o Lava Juez”, dijo Gorriti.
IDL-Reporteros empezó con la investigación del caso Lava Jato en 2011 y lo desarrolló a fondo, organizando una red latinoamericana mucho tiempo antes de que la fiscalía iniciara investigaciones sobre el tema en el Perú.
“Exploramos, contactamos, entrevistamos a decenas, muchas decenas de fuentes humanas y documentales (de fiscalías, judicaturas, policías, implicados, abogados y muchas más) en Brasil, Perú y varias otras naciones”, sostuvo Gorriti. Fue, dijo, una investigación trascendental, cuyos logros fueron galardonados, entre varios otros, por el más importante premio mundial al periodismo de investigación en septiembre de 2019, en Hamburgo, Alemania. El Global Shining Light Award del GIJN (Global Investigative Journalism Network).
Aquí en el Perú, como reacción de los círculos de corrupción revelados, hubo desde temprano ataques, desinformaciones, amenazas e intentos por obtener nuestra información y nuestras fuentes, desde 2018.
Luego, se desataron ataques de calumnia y desinformación, que durante el último año alcanzaron niveles sin precedentes, de campañas de ataques, insultos, oleadas desinformadoras, acosos callejeros, amenazas de todo tipo.
Al final estas se concretaron en la investigación hostil del fiscal Chinchay.
Y ello ha provocado una primera y sólida reacción internacional de solidaridad con IDL-R.
En su Amicus Curiae, el Global Freedom of Expression, de la universidad de Columbia, indicó que: “la apertura de investigación penal contra el periodista Gustavo Gorriti es incompatible con el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Organizaciones de defensa del periodismo y la libertad de prensa, como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), el National Press Club, Reporteros sin Fronteras, el PEN Club, junto con organizaciones peruanas como IPYS y la ANP, se pronunciaron con potente claridad frente a lo que Reporteros sin Fronteras describió como una “investigación [que] tiene como objetivo disuadir a los periodistas de que investiguen la corrupción que salpica a la élite política, so pena de verse en el banquillo de los acusados”.
“Ese es el trasfondo de un caso de inmensa relevancia para la libertad de prensa, el periodismo libre en el Perú y fuera de él”, dijo Gorriti. “Por eso”, se dirigió al juez, “su decisión tendrá una gran trascendencia”.
